Gobierno busca sellar nuevos negocios petroleros y revertir expropiaciones – Panorama.com.ve

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Según la propuesta, “el Ejecutivo   podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”.

Por: 
Reuters

El equipo del presidente   Nicolás Maduro redactó un proyecto de ley “antibloqueo”, que amparándose en la lucha contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, busca ampliar sus poderes para pactar de forma confidencial nuevos negocios petroleros, dijeron fuentes conocedoras de la iniciativa.

La propuesta legal, vista por Reuters y que Maduro entregó el martes 29 de septiembre a la   Asamblea Nacional Constituyente, le otorga amplias facultades para cambiar o firmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas u otros gobiernos, sin ninguna supervisión.

Este tipo de convenios suelen evaluarlos en el país el Parlamento, que ahora controla la oposición.

El documento permite modificar la propiedad de las empresas mixtas, que la petrolera Pdvsa creó con mayoría de acciones en sociedad con compañías privadas nacionales y extranjeras. La reforma, según abogados consultados, busca ofrecer más libertad en el área petrolera para sortear las sanciones.

Según la propuesta, el “Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”. El artículo mencionado es el referente a la actividad de Pdvsa.

Con el cambio “se buscan mayores inversiones en el sector petrolero”, dijo una fuente cercana al entorno de Maduro sobre la nueva propuesta legal, sin dar más precisiones. El texto no detalla qué porcentaje de participación mantendría la estatal petrolera en futuras alianzas y si será menos del 50% que tenía hasta ahora.

La Asamblea Constituyente tiene previsto aprobar la propuesta en su próxima sesión.

Una fuente del sector petrolero y otra del sector financiero, conocedoras de la iniciativa, también señalaron que el principal interés del gobierno con el proyecto de ley es ceder manejo en el negocio petrolero. Los consultados prefieren mantener su nombre en reserva por no estar autorizados a hablar del tema.

Uno de los artículos del proyecto permite eliminar “restricciones en la comercialización” de algunos bienes, lo que podría facilitar a los privados el comercio de gasolina, agregaron las fuentes.

En la ley “hay una cantidad de enormes facultades para asociarse con empresas privadas extranjeras o gobierno extranjeros. No hay control legislativo”, dijo el abogado Juan Raffalli, quien agregó que incluso se permitiría la disposición de activos como garantía en posibles acuerdos.

La administración de Maduro enfrenta serios problemas financieros por la caída de la producción petrolera y los efectos de las sanciones de Washington en la comercialización del crudo, que intentan presionar su salida del poder.

La nueva ley “anti bloqueo” permite también revertir las expropiaciones de empresas que se concretaron bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez, mentor de Maduro. Esa ola de nacionalizaciones llevó a las compañías afectadas a demandar en tribunales internacionales millones de dólares en indemnizaciones.

Para la devolución de las empresas ocupadas el gobierno impondría condiciones como el pronto aumento de la producción, de acuerdo con el documento. Abogados consultados señalaron que bajo ese esquema la administración de Maduro estaría evitando que las sanciones impacten en otras empresas estatales.

Todas estas nuevas facultades que tendría Maduro las podría usar bajo total opacidad en la información, pues el texto legal impide el acceso a documentos y expedientes mediante un “régimen transitorio en materia de clasificación de documentos”. Los funcionarios se exponen a castigos por divulgar esos acuerdos.

“Esa confidencialidad es para generar miedo y autocensura en los funcionarios”, agregó Raffalli.

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