Anarquía e impunidad al sur del estado Bolívar deja en evidencia poder del pranato

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Foto: Pableysa Ostos

Las denuncias no son nuevas, han ido y venido, no solo por los habitantes, sino también por organismos de seguridad y autoridades que han admitido la presencia de grupos armados en las poblaciones mineras ubicadas al sur del estado Bolívar. Los ingresos por parte de grupos militares se han dado esporádicamente, y sin poder erradicar una situación que tiene más de 6 años sucediendo en el estado fronterizo con Brasil.

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Foto: Pableysa Ostos

Uno de los despliegues más significativos lo vivieron en El Callao, en agosto del 2018. Dos helicópteros no paraban de sobrevolar la población y en especial un sector minero: El Perú. Había tensión, he interrogantes, ¿qué hacen? ¿Qué buscan?

En el pueblo se podían ver funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (Fan), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), del Ejército de Venezuela y hasta de la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Ese despliegue duró todo el día, y en la noche fue que se confirmó el fallecimiento de tres sujetos armados pertenecientes a la banda de El Toto, que controla la extracción ilegal de la mina. En ese entonces les incautaron una pistola calibre 9 milímetros, otra 7.65 y una granada de mano.

En las inspecciones, después del enfrentamiento, localizaron una fosa común a cuatro kilómetros de distancia. El hallazgo movilizó a más funcionarios que se trasladaron en helicóptero hasta la zona. En el lugar ubicaron 14 cráneos y otras partes de osamentas humanas. La hipótesis era la evidente: las personas fueron víctimas de la banda de El Toto.

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De ese caso no se habló más. Los procedimientos no se siguieron ejecutando en esa zona, y las muertes siguieron sumándose, ante la mirada de la impunidad y el déficit de funcionarios. En el caso del Cicpc, al sur del estado Bolívar solo cuentan con la Subdelegación de Tumeremo, para los poblados de El Callao, Guasipati, Tumeremo, Las Claritas, El Dorado y Santa Elena de Uairén.

A mediados de marzo del 2017 el director del Cicpc, Douglas Rico, prometió la construcción de dos sedes al sur del estado Bolívar, una en Upata, municipio Piar y otra en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana. La primera ya está construida, pero se mantiene a la espera de su inauguración.

“Imagínate uno que vive en Santa Elena de Uairén, estamos a unas seis horas de Tumeremo, con qué ganas uno se traslada hasta allá a formular una denuncia. Sin gasolina, sin carro y con las vías tan malas como están, y más a sabiendas que  no habrá justicia”, expresó un habitante del municipio Gran Sabana.

Una muestra del horror

El reporte policial era claro: le amputaron las dos manos, le cortaron la lengua y le espicharon los ojos. La imagen que acompañaba el parte confirmaba lo dantesco del caso. Se trataba de un soldado identificado como: Leocer José Lugo Maíz, pertenecía al contingente septiembre 2018 y su plaza era la 642 BINGF.

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El joven de 19 años, se había ausentado de su puesto de trabajo el 28 de diciembre del 2018. Tras no aparecer por varios días el Ejército de Venezuela lo declaró “presunto desertor” el 1 de enero de 2019. Pero el 12 días después de eso supieron de su paradero.

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— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 9 de febrero de 2019

Lugo estaba en una orilla de la vía, descalzo, vestido con pantalón corto azul y medias gastadas. Él tenía esparadrapos azules cubriendo sus muñones, de los que aún manaba sangre. Había sido torturado y mutilado.

Las autoridades informaron que la víctima de tortura fue hallada cerca de la mina Yin Yan en El Callao, una zona ubicada al sur del estado de Bolívar. Fue trasladado por funcionarios militares al hospital Dr. Juan Germán Roscio.

¿Pero qué hacía el soldado en esa zona? ¿Cómo terminó de esa manera? Fuentes ligadas a la investigación, aseveraron que el joven había abandonado su lugar de trabajo con la intención de unirse a las filas del pran que controla dicha zona y así obtener un dividendo “más rentable”.

Pero el plan no salió como esperaba, ya que presuntamente el Toto y Marcopolo, sujetos que mantienen el control en la mina, ordenaron su tortura y mutilación. Al siguiente día de ser localizado de esa forma- Leocer- una comisión mixta entró hasta el sector minero, acción que dejó ocho sujetos fallecidos, todos según las autoridades implicadas en el caso.

Armados

Una fuente militar señaló que cada sector minero tiene su particularidad y hay zonas en las que no hay presencia de la Guardia Nacional (GN) o del Ejército, como por ejemplo desde el punto de control de Casablanca hasta Hoja de Lata.

El militar hace referencia a que el paso por el río se ha vuelto el principal canal de contrabando, no solo del oro sino también de armas, “presuntamente sería un hombre de nacionalidad libanesa el que estaría operando con parte de estos grupos armados, trasladando diamantes hasta la zona de Guyana, a cambio paga-trayendo-con armas”.

Por ejemplo, un M16 o R15 tiene un valor de más 5 mil dólares, mientras que el oro es comercializado en el extranjero en aproximadamente en 42 mil dólares. También señaló que “hay muchas cifras negras que no llegan a la ciudad. Los casos se quedan dentro de las minas”.

“Cuentan con mejores armas que los mismos funcionarios, lo cual hace más complicada la situación en esa zona, la cual es controlada por más de seis bandas armadas, las cuales tienen sus lugartenientes. Se han creado planes para combatir esa criminalidad, pero por el grado de complicidad, corrupción el panorama no es alentador”, sumó la fuente.

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