La ruptura del Orden Constitucional en 1999

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44257Sin constituyentePor su parte, quienes en 1999 decíamos que estaba ocurriendo una ruptura del Orden Constitucional éramos ignorados por propios y extraños, al tiempo que otros se incorporaban con su “sapiencia” al “proceso”, aspirando obtener (presume uno) beneficios personales en tan aciaga coyuntura histórica

Lo ocurrido recientemente a raíz de las sentencias 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional es tan solo una muestra más de lo que ha venido siendo un golpe de Estado continuado en Venezuela, iniciado el 2 de febrero de 1999, día de la toma de posesión del presidente electo, Hugo Chávez, quien mediante decreto (N. 3) ordenó de un plumazo la realización de un referendo para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual estaba expresamente prohibido por la Constitución de la República vigente entonces (art.250). El referido decreto no fue el primer acto administrativo viciado de nulidad absoluta ejecutado por el extinto presidente.

Su propia juramentación, o más bien, la falta de ella, al él calificar a la Carta Magna de “moribunda” y al no jurar defenderla, en respuesta a la pregunta de rigor, hacía ilegal e ilegítima la asunción del cargo para el cual había sido electo. Así pues, ese dos de febrero de 1999, se concebía este engendro denominado por su creador “la Bicha”, rompiéndose el Orden Constitucional e iniciando el festín (para algunos) del descalabro de Venezuela. De no haber sido así, el paso de HCh por la presidencia de la República hubiera sido otro mal gobierno de cinco años.

No me incomoda reconocer la vigencia de esa Constitución, ya que políticamente lo es, aunque paradójicamente ello atente contra el ya citado artículo 250 de la violentada Constitución de la República de Venezuela de 1961. Por lo que respecta a su contenido, la del ’99, más que una Constitución, es una declaración de buenas intenciones. Es además un texto endeble, plagado de incongruencias y desaciertos, sin hermenéutica jurídica, y por si fuera poco, mal redactado (pregúntenle a la “Fiscala General” -sic-). Un instrumento que desde su Título expresa el gran desprecio del constituyentista hacia el ciudadano venezolano al calificar a la República de Venezuela, con el adjetivo de “bolivariana”. Qué explicación pudiéramos dar sobre las circunstancias que en el año 1999 llevaron a romper con el Orden Constitucional produciendo este desaguisado, que además conserva en buena medida la estructura y los principios fundamentales de la Constitución de 1961? Para mí la respuesta es simple.

La actual Constitución fue concebida con un propósito distinto al de refundar el Estado. Cualquier experto nos diría que no existen cambios significativos en este texto respecto de la Constitución de 1961, más allá del objetivo primordial de su autor intelectual de llevar de 5 a 12 años (6+6) el período presidencial, para luego ampliarlo (nuevamente de forma inconstitucional) sin límites en el tiempo, con la finalidad de perpetuarse en el poder. El texto es un desastre también desde el punto de vista político, donde un vicepresidente, no electo por el pueblo, puede convertirse en presidente del país. Adicionalmente, promueve la confrontación, la inestabilidad política y el derecho a la rebelión, genera burocracia al tiempo que debilita la descentralización, sin olvidar la proyección de un paternalismo estatal utópico.

Por su parte, quienes en 1999 decíamos que estaba ocurriendo una ruptura del Orden Constitucional éramos ignorados por propios y extraños, al tiempo que otros se incorporaban con su “sapiencia” al “proceso”, aspirando obtener (presume uno) beneficios personales en tan aciaga coyuntura histórica. La forma descarada a través de la cual nos dejamos quitar nuestra Constitución de la República de 1961 está fielmente documentada en el video del acto de asunción de la presidencia, ese dos de febrero de 1999. El video está disponible en la internet. Es una vergüenza. En palabras de George Orwell: “la deshonestidad y la cobardía siempre se pagan”. Como bien lo dijo el mismo Chávez en ese primer discurso como presidente, al referirse a la doctrina de la “supraconstitucionalidad” emanada de la Corte Suprema de Justicia para darle sustento jurídico a este golpe de Estado encubierto: “Yo debo hacer un reconocimiento a la CSJ, …, la Constitución debe morir y va a morir, sépanlo ustedes, …, la decisión de la CSJ, es para la historia, …, sentando cátedra, …, la decisión de la CSJ ha acelerado el proceso, y eso habrá que reconocerlo para la historia, …”.

Por todo ello, no debe extrañarnos hoy el contenido de esas sentencias (155 y 156) que no son más que una pequeña muestra de las cosechas de lo sembrado. Y es que, desde 1999 los venezolanos, y en particular, la dirigencia política y los otros factores de poder, hemos venido aceptando (o participando en) el arrebato sistemático de las instituciones, bien sea, con intención, o por negligencia, por cobardía o por deshonestidad, o en el mejor de los casos, con indiferencia. Consecuentemente, no tienen el derecho de quejarse quienes no hacen nada al respecto. En 1999, con la promulgación del Decreto Nº 3 y su aceptación por parte de los ciudadanos, no sólo se rompió el Orden Constitucional sino que además se quebró la dignidad colectiva. Ello, a pesar de que siete de cada diez venezolanos, inscritos en el CSE no votaron por la actual Carta Magna, la cual, tampoco es respetada, como no lo fue aquella usurpada, por cierto, quizás la mejor Constitución que haya tenido Venezuela en su historia republicana, conjuntamente con la de 1947.

A raíz de las referidas sentencias de la Sala Constitucional, hoy (por fin) se habla de la ruptura del Orden Constitucional, luego de decenas de otras sentencias que ya lo hicieron con anterioridad, así como, después de todos los atropellos, torturas, privaciones de libertad y demás agresiones perpetradas contra quienes han querido defender a la institucionalidad. A estas alturas, soy de los que consideran que pudiéramos continuar adelante (por un tiempo) con esta Constitución siempre y cuando ella se respetase, ya que otra constituyente en el momento político actual sería reincidir en nuestro pecado original. Eso sí, mediante reformas, sugeriría eliminar la reelección indefinida (sustituirla por un “4+4”) suprimir la figura del vicepresidente, el contraproducente y desgastante revocatorio y el impertinente artículo 350. Rescatar, además, la no deliberancia de las fuerzas armadas, así como la democracia representativa con representación de las minorías. Por supuesto, incluiría la eliminación de la Sala Constitucional del TSJ, además de la Sala Electoral y de la Sala de Casación Social, así como del Poder Ciudadano y del Poder Electoral.

Sería oportuno además, redactarla nuevamente, si fuera posible, en correcto idioma castellano. Pero hay algo más. Debemos devolverle al país la decencia, la ética y la dignidad colectivas. La institucionalidad no puede ser un parapeto, ni una fachada de legalidad vulnerable ante la voluntad de quien detente el poder en un momento determinado, de lo contrario, los resultados nefastos continuarán acaeciendo inexorablemente en el tiempo, como hoy sucede, y así quedará plasmado en los anales de la historia universal, en un país llamado Venezuela.

Esta noticia fue publicada por Editor

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